El Gobierno Nacional convocó a sesiones extraordinarias y puso en agenda la modificación de la Ley de Glaciares. El 26 de febrero el Senado aprobó la media sanción. Ahora viene el debate en Diputados. Aunque la presenta como una actualización técnica y una reivindicación del federalismo, en realidad está hablando de otra cosa: dejar librada la protección del agua potable a la presión de los mercados. De esta forma, lo que está en discusión es quién decide sobre uno de los bienes comunes más estratégicos del país. 

Argentina tiene la segunda reserva de agua dulce más grande de América Latina en glaciares. De ellos dependen directamente 7 millones de argentinos para acceder a algo tan vital como el agua potable. Junto a las nieves de la cordillera de los Andes, los glaciares representan la principal fuente de agua para alrededor del 70% del territorio nacional. No es un recurso abstracto. Estamos hablando del agua de millones de familias argentinas.

La Ley de Glaciares sancionada en 2010, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, fue una política preventiva y estratégica: donde existen glaciares o ambiente periglacial, no se habilitan actividades extractivas porque son ecosistemas extremadamente frágiles y el daño potencial es irreversible.

Primero, enfatiza la utilización de los recursos naturales por parte de las provincias como dueñas originarias, tensionando directamente con los presupuestos mínimos ambientales, que hasta ahora operaban como un piso de protección a nivel nacional.

Segundo, el Inventario Nacional de Glaciares pierde su carácter vinculante. La identificación de qué es un glaciar y qué funciones hídricas cumple, pasa a quedar bajo la órbita de cada provincia. Dicho en criollo: Si bien la prohibición de exploración y explotación minera en glaciares formalmente se mantiene, cada provincia pasa a decidir qué es un glaciar y qué no y si puede habilitar actividades mineras en esa zona. 

Las provincias, muchas de ellas financieramente asfixiadas por este mismo gobierno y dependientes de la renta del sector minero, quedarían expuestas a una competencia: ver quién flexibiliza más para atraer más inversiones. Y los glaciares que alimentan cuencas que atraviesan varias jurisdicciones, quedarían sujetos a la decisión de una sola provincia, afectando directamente a comunidades aguas abajo que no tienen ninguna voz en ese proceso. De hecho, el Gobierno Nacional no consiguió el acompañamiento de las autoridades provinciales reunidas en la asamblea del COFEMA (Consejo Federal de Medio Ambiente) para avanzar con esta modificatoria. 

Como la reforma desprotege algo que estaba protegido, choca de frente con el principio de no regresión ambiental, que integra el marco jurídico argentino.

Este principio —reconocido en el Acuerdo de Escazú, en la Ley General del Ambiente y en el artículo 41 de la Constitución— establece que los estándares ambientales no pueden retroceder y que está prohibido dañar de forma irreversible los bienes comunes naturales necesarios para el sustento y desarrollo de las generaciones futuras. Por eso esta reforma, en caso de avanzar, será inevitablemente judicializada.

Si el marco jurídico es tan claro, ¿por qué la impulsan igual? Porque hay compromisos que cumplir y no parecen tener otras herramientas para promover la actividad.

No es una lectura conspirativa, son hechos públicos. El Programa de Facilidades Extendidas del FMI de abril pasado afirma explícitamente que las exportaciones de minería pueden multiplicarse por diez si se aplican reformas estructurales. El marco para el Acuerdo sobre Comercio Recíproco e Inversiones con Estados Unidos, anunciado en noviembre, menciona que Argentina se compromete a promover un uso más eficiente de sus recursos naturales, incluyendo el sector minero. Y la visita de Scott Bessent, el Secretario del Tesoro de Estados Unidos, no fue de cortesía: vino con un mensaje claro sobre el interés de las empresas estadounidenses en la minería de litio, cobre y tierras raras. Zonas que hoy están protegidas por la Ley de Glaciares.

El RIGI aprobado en 2024 ya había allanado el camino: beneficios extraordinarios, estabilidad normativa y garantías jurídicas para proyectos con foco en sectores extractivos. La Ley de Glaciares era el límite regulatorio que quedaba por remover. Esta no es una iniciativa aislada: forma parte del mismo paquete que incluye la modificación de la Ley de Fuego, la Ley de Bosques Nativos y la Ley de Extranjerización de Tierras. Una estrategia coherente de desregulación ambiental para ampliar la frontera extractiva.

En el marco del tratamiento del proyecto en la Cámara de Diputados de la Nación, se resolvió convocar a audiencias públicas para garantizar la participación ciudadana en el debate sobre la modificación de la Ley.
Las audiencias se realizarán los días 25 de marzo de forma presencial en el Congreso de la Nación y el 26 de marzo en modalidad virtual, para asegurar una representación federal de las distintas voces del país.

Cualquier persona puede participar, a título personal o en representación de una organización, sin necesidad de ser especialista en la temática. La inscripción al Registro de Participantes estará abierta hasta el viernes 20 de marzo a las 16 h de manera presencial en el Congreso y hasta las 20 h de forma virtual, a través del siguiente formulario.

Defender la Ley de Glaciares también es participar. Que la ciudadanía pueda expresar su voz en este debate es fundamental para proteger uno de los bienes comunes más estratégicos de nuestro país: el agua.