Empecemos por entender que es la desregulación ambiental. Es cuando el Estado reduce controles, flexibiliza normas o deja de hacer cumplir reglas que protegen el ambiente. Esto puede implicar, por ejemplo, menos exigencias para contaminar, controles más débiles o permisos más rápidos para actividades con impacto ambiental. Aunque se presenta como una forma de simplificar trámites o impulsar la economía, la desregulación también trae consecuencias negativas importantes: más contaminación, daño a los ecosistemas y mayores riesgos para la salud, especialmente en las comunidades más vulnerables. En ese sentido,  no se trata solo de “menos reglas”, sino de cómo esas decisiones afectan el equilibrio entre desarrollo, ambiente y calidad de vida.

En Argentina, el gobierno nacional está impulsando activamente la desregulación: recortes presupuestarios en el área ambiental y cambios normativos en leyes cruciales para el cuidado de nuestros ecosistemas.  Alertas rojas que nos advierten de que esto ya está en marcha. 

Al contrario de lo que se suele argumentar, la falta de regulación no significa menos problemas, si no que aparecen otros: aumenta  la deforestación, la contaminación y la pérdida de biodiversidad; se agrava la degradación de suelos y la sobreexplotación de recursos naturales; crece la expansión de actividades extractivas sin control; las comunidades más vulnerables suelen verse afectadas y surgen conflictos sociales; y, además, nos enfrentamos a mayores riesgos de salud.

En el marco del proceso de desregulación general, el gobierno  está impulsando la revisión de algunas de nuestras leyes ambientales más importantes. Normas que costó años construir y que hoy protegen recursos esenciales como el agua, los bosques y la tierra. Veamos una por una:

En 2010 se sancionó la Ley de Glaciares, una norma de presupuestos mínimos que garantiza una protección básica para estos ecosistemas en todo el país. La ley declaraba a los glaciares y al ambiente periglacial como bienes públicos y reservas estratégicas de agua dulce, con el objetivo de preservarlos, proteger la biodiversidad y resguardarlos como fuente de información científica. Por ello, creó el Inventario Nacional de Glaciares a cargo del IANIGLA-CONICET y prohibió actividades como la minería en esas zonas. Era, en su momento, una ley de vanguardia a nivel mundial.

Eso cambió este 8 de abril, cuando la Cámara de Diputados aprobó su reforma. La nueva ley establece que solo se protegerán los glaciares que demuestren cumplir una "función hídrica efectiva", y le transfiere a cada provincia la decisión de qué territorios cuidar y cuáles abrir a actividades productivas como la minería, vulnerando el principio de no regresión ambiental y el principio precautorio. 

En Argentina, más de 7 millones de personas dependen del agua que viene de los glaciares y del ambiente periglacial, con 16.968 cuerpos de hielo que cubren cerca de 8.484 km². Por eso, el debilitamiento de su protección impacta directamente en el acceso al agua y que, en plena crisis climática e hídrica, es una decisión que no podemos ignorar.

La Ley de Presupuestos Mínimos del Manejo del Fuego, sancionada en 2013, establece la prevención y el combate de incendios forestales y rurales. Entre sus puntos más importantes figura la prohibición de modificar el uso del suelo en superficies incendiadas y de realizar emprendimientos inmobiliarios y/o actividades agropecuarias distintas a las previas al incendio durante períodos de entre 30 y 60 años.  

En julio de 2025, el Gobierno disolvió el Fondo Nacional de Manejo del Fuego mediante el Decreto 463/2025, que garantizaba financiamiento. Además, ese año se dejó sin ejecutar el 25% del presupuesto asignado —casi $20.000 millones— y a través del Consejo de Mayo se propuso derogar los artículos que prohíben el cambio de uso del suelo en zonas quemadas, agrícolas, pastizales o humedales.

Los incendios de enero de 2026 en la Patagonia dejaron en claro por qué esta ley es tan necesaria. El fuego consumió al menos 45.000 hectáreas en cinco provincias y miles de familias tuvieron que evacuar sus hogares. Sin inversión ni regulación, prevenir deja de ser posible y el fuego gana terreno. 

La Ley de Tierras Rurales, sancionada en 2011, establece límites a la compra de tierras por parte de extranjeros: ninguna persona o empresa extranjera puede superar el 15% del total de tierras rurales a nivel nacional, provincial o municipal, ninguna nacionalidad puede concentrar más del 30% de ese porcentaje, y cada titular tiene un tope de 1.000 hectáreas en la zona núcleo. La ley también considera "extranjero" a empresas con mayoría o participación significativa de capital del exterior, incluso a través de fideicomisos u otras sociedades.

Para diciembre del 2025, el Consejo de Mayo propuso modificar la ley cambiando su enfoque. Las restricciones pasarían a aplicarse sólo a Estados extranjeros y sus organismos. Además, se habilita la posibilidad de hacer excepciones incluso para Estados extranjeros si presentan proyectos de inversión que se consideren de interés público.

Un dato ayuda a entender por qué esta ley es tan importante: investigadores del CONICET y la UBA presentaron a fines de 2025 que más de 13 millones de hectáreas —casi el 5% del territorio nacional— ya pertenecen a firmas o Estados extranjeros. Flexibilizar aún más las restricciones no es un detalle menor: es una decisión que afecta directamente la soberanía sobre nuestros recursos naturales, el agua y el territorio que habitamos.

Para proteger los bosques en todo el país, en 2007 se sancionó la Ley de Bosques Nativos, una norma de presupuestos mínimos que organiza el territorio en categorías —roja, amarilla y verde— según el nivel de protección y define qué actividades pueden realizarse en cada zona. Su objetivo es cuidar, restaurar y promover el uso sostenible de los bosques, clave para el clima, el agua y la biodiversidad. Además, garantiza un financiamiento mínimo que no puede ser menor al 0,3% del presupuesto nacional.

En relación con esta ley, el Consejo de Mayo propuso un cambio importante: permitir el desmonte total en las zonas de categoría III (verde) sin necesidad de realizar una evaluación de impacto ambiental previa. Si bien estas áreas son consideradas de menor valor de conservación, hoy requieren autorización para ser intervenidas. En paralelo, el decreto 888/2024 disolvió el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos (Fobosque), creado en 2018 para distribuir de forma directa y transparente los recursos destinados a su conservación. Su disolución implicó la derogación tácita de un capítulo completo de la ley y el primer paso hacia su desfinanciamiento.

Desde la creación de la ley hasta el 2024, Argentina perdió 4 millones de hectáreas de bosque nativo. Lo que hace aún más alarmante el dato es que, según el informe de 2024, el 52% de esa deforestación ocurrió en zonas donde la ley expresamente la prohíbe: categoría amarilla (47%) y zonas rojas (5%), que deberían tener la máxima protección posible. Dicho de otra forma: la ley no se está cumpliendo. Y si en lugar de fortalecerla se la flexibiliza, el daño que hoy es grave puede volverse irreversible.