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En esta entrega de Ambiente en Diálogo, el newsletter del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, vamos a hablar sobre una emergencia que vuelve a mostrar por qué el cuidado ambiental, la planificación y la acción estatal no pueden esperar: los incendios forestales.
El comienzo de 2026 estuvo atravesado por incendios de gran magnitud que afectaron a distintas localidades de la Patagonia. El 5 de enero se registraron focos en la localidad de El Hoyo, en la provincia de Chubut —principalmente en la zona de Puerto Patriada—, que rápidamente se extendieron hacia Epuyén, Cholila y el Parque Nacional Los Alerces, comprometiendo amplias superficies de bosque nativo.
Ante la persistencia y expansión de los incendios, el Gobierno Nacional declaró el 30 de enero la Emergencia Ígnea en las provincias de Chubut, Neuquén, Río Negro, La Pampa y Santa Cruz. Para el 3 de febrero, el fuego había arrasado con más de 45.000 hectáreas, superando el récord registrado en 2015, y provocado la pérdida de 47 viviendas. La localidad de Epuyén fue una de las más afectadas, con una pérdida estimada de alrededor del 75 % de su bosque nativo. En este contexto, el Gobierno de Chubut desplegó más de 500 brigadistas y puso en marcha un plan de asistencia para las familias afectadas, con una inversión superior a los $3.500 millones.
Si bien las lluvias registradas durante los primeros días de febrero trajeron un alivio momentáneo, no lograron modificar el carácter crítico de la situación. Actualmente, las zonas más comprometidas se concentran en Primera Cantera–Puerto Rivadavia y Villa Lago Rivadavia–Lago Rivadavia. El Parque Nacional Los Alerces continúa siendo uno de los puntos más sensibles, con operativos activos en áreas como Lago Hito–Lago Menéndez, Punta Mattos–Bahía Rosales y Bahía Toro–Brazo Norte del Lago Futalaufquen.
Los incendios que atraviesan hoy el país no son un fenómeno inesperado. Desde hace años, diversos estudios y experiencias territoriales advertían sobre la posibilidad de escenarios de grandes incendios producto de las altas temperaturas, la sequía y la biomasa disponible. En consecuencia, hoy no solo se están cumpliendo, sino que en muchos casos se manifiestan con una intensidad mayor a la prevista. Esta situación deja en evidencia la ausencia de políticas de prevención sostenidas en el tiempo. El fuego no puede abordarse únicamente cuando ya está encendido; sino que requiere prevención. Es decir, planificación de largo plazo, inversión y trabajo territorial previo, cuestiones que en muchos casos no se desarrollaron a tiempo.
A este escenario se suma un Estado nacional que llega tarde y con menos herramientas. El Sistema Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) había iniciado un proceso de fortalecimiento, pero actualmente se encuentra desfinanciado y debilitado, aún cuando contaba con margen para seguir mejorando. La escasez de brigadistas en todo el país profundiza esta problemática: cuando el fuego avanza, los equipos disponibles se ven obligados a tomar decisiones sobre qué zonas proteger, mientras otras quedan expuestas por la falta de personal suficiente para dar respuesta a la magnitud de los incendios.
La prevención tampoco puede reducirse a campañas de concientización o a señalar conductas individuales. Existen incendios intencionales, fallas en el tendido eléctrico y múltiples factores estructurales que requieren políticas públicas activas. Repensar cómo habitamos los territorios es parte central de la solución: planificar accesos para evacuación, garantizar caminos para el ingreso de brigadas, disponer de reservorios de agua y gestionar de manera inteligente la vegetación cercana a las viviendas. Se trata de promover un cambio cultural y de gestión que permita convivir con el riesgo climático de manera más segura y responsable.
El desarrollo de los incendios persistentes y de gran magnitud en el sur argentino volvió a evidenciar la asignación de recursos para su prevención y combate. El Sistema Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) es la principal herramienta a nivel nacional para enfrentar este tipo de emergencias y depende del financiamiento del Ministerio de Seguridad. Las provincias recurren a este sistema porque aporta brigadistas capacitados, recursos logísticos y operativos, y medios aéreos para el combate del fuego. Sin embargo, el Presupuesto 2026 prevé una caída del 71,6 % en los recursos asignados al SNMF respecto de 2025, año en el que además quedó sin ejecutar el 25 % del presupuesto disponible, equivalente a casi $20.000 millones.
En este contexto, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) advierte que la crisis ígnea se desarrolla con niveles muy bajos de ejecución presupuestaria. Según su análisis, al cierre de enero de 2026 los programas nacionales vinculados a emergencias y manejo del fuego no contaban con refuerzos extraordinarios, pese a la gravedad de la situación. Para FARN, esta brecha entre la declaración de la emergencia y la disponibilidad real de recursos, muestra que el debilitamiento de las políticas ambientales tiene consecuencias directas sobre la capacidad de respuesta del Estado.
Frente a la presión de los gobernadores patagónicos, el 29 de enero de 2026 el Gobierno Nacional dispuso, a través de la Resolución 91/2026 del Ministerio de Seguridad, la transferencia de más de $100.000 millones al sistema de bomberos voluntarios, destinados a equipamiento, capacitación y gastos operativos. Sin embargo, estos fondos ya estaban previstos por la Ley de Bomberos Voluntarios y no representan una ampliación presupuestaria específica en el marco de la emergencia ígnea.
Al día siguiente, el 30 de enero, se publicó el Decreto de Necesidad y Urgencia 73/2026 que declara la Emergencia Ígnea. La medida busca agilizar la movilización de recursos y reforzar la respuesta operativa, incluyendo la incorporación de 400 efectivos, el despliegue de medios aéreos y vehículos especiales, y refuerzos para los sistemas sanitarios y de asistencia social. Además, se anunció el envío de $4.000 millones a las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, junto con otros $3.000 millones destinados a la reconstrucción de viviendas en una etapa posterior.
En conjunto, estas medidas muestran que, si bien se activaron respuestas frente a la emergencia, los recortes presupuestarios y la baja ejecución previa siguen condicionando la capacidad de prevención y combate del fuego.
Ante la emergencia provocada por los incendios, desde la Provincia de Buenos Aires desplegamos una respuesta concreta y coordinada. A través del Ministerio de Seguridad bonaerense, movilizamos un cuerpo de 40 combatientes especializados en incendios forestales, con experiencia en la intervención en zonas de alta complejidad. El equipo enviado incluye motosierristas, motobombistas y personal táctico, todos con certificaciones específicas y equipamiento adecuado para operar en terrenos de difícil acceso.
Para acompañar el trabajo en campo, la Provincia destinó una flota de 17 vehículos especialmente adaptados a la topografía compleja de Chubut. El operativo incluye 14 camionetas 4×2 y 4×4 para logística y traslado rápido, un camión autobomba 4×4 URO de gran capacidad para operar en terrenos hostiles y dos vehículos UTV con kit forestal, fundamentales para acceder a las zonas más críticas donde no llegan los vehículos convencionales.
Los incendios forestales constituyen una amenaza tanto para las comunidades como para la protección del medio ambiente, la biodiversidad y los ecosistemas que lo integran. Por eso, la asistencia desde la Provincia representa la solidaridad propia de una nación federal en este tipo de contexto.
En la Provincia de Buenos Aires contamos con un Sistema Provincial de Manejo del Fuego que ha sido fortalecido de manera sostenida en los últimos años. Se trata de una red articulada que integra a Defensa Civil, más de 17.000 bomberos voluntarios, más de 1.000 bomberos de la Policía, brigadas forestales especializadas, guardaparques, municipios y organismos técnicos provinciales. Esta estructura nos permite desplegar respuestas simultáneas en distintos puntos del territorio y sostener operativos complejos en incendios rurales, forestales y de interfase rural-urbana.
El esquema operativo se organiza bajo un sistema de comando unificado que incluye monitoreo permanente de condiciones meteorológicas y niveles de riesgo, centros regionales de coordinación y protocolos que garantizan intervención temprana. La Provincia dispone de logística propia, autobombas forestales, unidades de ataque rápido y capacidad de movilización ágil de brigadistas. Además, cuenta con una flota aérea de nueve helicópteros equipados con helibaldes, fundamentales para tareas de reconocimiento, traslado de personal y combate en zonas de difícil acceso. Esta capacidad de respuesta rápida reduce significativamente la probabilidad de que pequeños focos se conviertan en incendios de gran magnitud.
A su vez, la reglamentación de la ley provincial de manejo del fuego consolidó un esquema de coordinación interministerial entre las áreas de Seguridad, Ambiente y Desarrollo Agrario, integrando la prevención, la dimensión productiva y la conservación ambiental. Esto significa que el fuego no se aborda únicamente cuando ocurre, sino que se gestiona de manera anticipada mediante planificación, generación de mapas de riesgo, capacitación permanente y fortalecimiento de bases operativas. En un contexto nacional marcado por recortes y menor previsibilidad, la Provincia elege fortalecer el rol del Estado y sostener una política activa de prevención y gestión del riesgo climático.
Gracias por leernos y ser parte de Ambiente en Diálogo. El cuidado del ambiente se construye todos los días, con políticas públicas, compromiso y participación.
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