Marco Normativo

¿Qué normativas existen al respecto?

La Ley Nacional N.° 27.279, el Decreto Nacional 134/18, las Leyes Provinciales N.° 10.699, N.° 11.720, N.° 11.723, N.° 14.989, los Decretos Provinciales N.° 499/91 y N.° 283/18, la Resolución N.° 327/17 y la Resolución N.° 505/19 del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible gestiona, regula y controla que los residuos de envases vacíos fitosanitarios tengan una gestión de recolección, tratamiento y nuevo uso particular, sin comprometer la salud y el ambiente.

Si bien siempre se reguló el uso de los agroquímicos por parte de otros organismos del Estado, las regulaciones internacionales y las nacionales como la Ley N.° 27279 de 2016, es una pequeña parte de todo un proceso de aprendizaje y compromiso, hasta llegar a la Resolución N.° 505/19 con un sistema de gestión privada y de responsabilidad el productor.

Las normativas vigentes son la Ley Nacional N.° 27.279, el Decreto Nacional N* 134/18, las Leyes Provinciales N.° 10.699, N.° 11.720, N.° 11.723, N.° 14.989, los Decretos Provinciales N.° 499/91 y N.° 283/18, la Resolución N.° 505/19 del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible.

Conforme la normativa vigente entre las competencias asignadas a este ministerio se encuentran la de planificar, formular, proyectar, fiscalizar, ejecutar la política ambiental, y preservar los recursos naturales, como así también ejecutar las acciones conducentes a la fiscalización de todos los elementos que puedan ser causa de contaminación del aire, agua, suelo y, en general, todo lo que pudiere afectar el ambiente e intervenir en los procedimientos para la determinación del impacto ambiental.

La Ley Nacional N.° 27.279 de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de Gestión de Envases Vacíos de Fitosanitarios textualmente reza “Serán Autoridades Competentes los organismos que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires determinen para actuar en el ámbito de sus jurisdicciones” y por tal motivo, a través del Decreto provincial N.° 283/18 se designó al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible como Autoridad Competente de la mencionada Ley.