Es el primer convenio regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.

El acuerdo Regional Latinoamericano y Caribeño adoptado en Escazú Costa Rica el 4 de marzo de 2018, es un instrumento jurídico pionero en materia de protección ambiental.

Sus objetivos son garantizar el derecho de todas las personas a tener acceso a la información de manera oportuna y adecuada sin necesidad de mencionar interés especial ni justificar las razones de la solicitud, promover mecanismos de participación abierta e inclusiva en los procesos de toma de decisiones ambientales y facilitar el acceso a instancias judiciales y administrativas.

El acuerdo de Escazú es un instrumento de protección para que las personas, los grupos y las organizaciones que promueven activamente los derechos humanos en asuntos ambientales, puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad

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